AMLO de México: un nuevo tipo de populista

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La coalición de izquierdas liderada por Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) ganó por una mayoría aplastante las elecciones generales de México el 1 de julio, lo cual supondrá un cambio drástico en la dirección política del país. Él y su partido acabaron con la (anterior) hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México como única fuerza política durante más de 75 años.

De los nueve estados en juego, la coalición de izquierdas obtuvo el apoyo de cinco (Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos y Ciudad de México).

Durante la campaña, AMLO prometió transformar numerosos aspectos de la sociedad mexicana, se comprometió a luchar contra la corrupción y a mejorar el bienestar social. Si bien la gente aplaudió la postura de AMLO con respecto a la corrupción (uno de los principales motivos de los malos resultados de los partidos tradicionales en las elecciones), los mercados han reaccionado con precaución ante estos resultados y algunos inversores temen que la administración sea menos favorable para los negocios.

En el primer comunicado dirigido a la comunidad de inversores, Carlos Urzua, que aspira a ser el nuevo ministro de Finanzas de México, trató de generar calma en los mercados.

Política económica

Urzua manifestó que los principios de la Administración de AMLO serían la gestión responsable de la macroeconomía, la fiscalidad y la deuda, un banco central independiente y la libre circulación de su moneda. También se comprometió a mantener una comunicación democrática con todos los partidos políticos representados en el Congreso y afirmó que la transparencia sería un elemento distintivo del nuevo Gobierno.

No nos sorprenden demasiado los intentos de la nueva Administración de calmar la tensión del mercado, ante lo que constituye el primer experimento de un verdadero gobierno de izquierdas en México. Sin embargo, a estas alturas, pensamos que es demasiado pronto para opinar sobre el enfoque que adoptará el nuevo Gobierno.

La nueva Administración prevé generar un 2 % del producto interior bruto (PIB) en ahorros a través de una política que incluya la centralización de la contratación pública. AMLO ya adoptó una política similar en la Ciudad de México cuando ejercía allí de alcalde.

La contratación pública representa la adquisición por parte del Gobierno y las empresas públicas de bienes, servicios y obras, y una reforma en este sector podría dar lugar a una reducción tanto de los costes como de la corrupción.

Otra posible medida de reducción de costes que promueve la nueva Administración consiste en concentrar todos los programas sociales en un único programa amplio, en lugar de contar con pequeños programas sociales dispersos.

Un componente importante de las políticas de AMLO es la transparencia y este espera obtener ahorros fiscales al conseguir la erradicación de la corrupción.

Políticas sociales

Por otra parte, AMLO ha manifestado que sus tres principales políticas sociales serán: a) la duplicación de las pensiones para las personas mayores; b) un programa de becas para los jóvenes y c) paquetes de medicamentos y alimentos para los pobres.

Si bien el futuro es todavía incierto, AMLO podría cambiar la situación actual del país. Ha obtenido un mandato firme para aplicar cambios y parece estar comprometido con el cumplimiento de sus promesas.

Si bien las bases de sus políticas se consideran populistas, las últimas declaraciones de AMLO parecen estar más abiertas al libre comercio. Así pues, en general, los mercados no deben temer demasiado al término «populista» cuando se trata de México. No esperamos un cambio radical en la posición fiscal ni en la política del banco central de México como consecuencia de la victoria de AMLO.

Posible repercusión de las elecciones en la reforma energética

Desde la nacionalización de los recursos de hidrocarburos en 1938, el destino de la industria energética y la solidez de las finanzas del sector público han permanecido estrechamente conectadas. Pemex, la empresa nacional de petróleo, cedió al Gobierno federal sus derechos de explotación y sus contribuciones, lo cual representaba hasta un tercio de sus ingresos fiscales en 2014. La presión del Gobierno sobre la empresa nacional de petróleo generó un descenso de la producción. Pemex tenía que pagar entre el 50 % y el 60 % de sus ingresos en derechos de explotación y contribuciones, lo cual puso en peligro su generación de liquidez y produjo un aumento de su apalancamiento para financiar el plan de gastos de capital necesarios.

Con el objetivo de rescatar al Gobierno de México y a la industria del petróleo y del gas de sus dificultades financieras, a finales de 2013, se aprobó una amplia reforma energética que permitió a los inversores privados acceder al sector energético mexicano. La reforma hizo posible la celebración de nuevos acuerdos contractuales, entre los que se incluyen la participación en los beneficios y en la producción y la concesión de licencias que ampliarían las alternativas con respecto a las anteriores limitaciones a los contratos de servicios. La reforma otorgó una mayor independencia a Pemex para realizar inversiones estratégicas y planes de gastos de capital.

La victoria de AMLO presentará planes para revisar y posiblemente retrasar nuevas ofertas relacionadas con la exploración de superficies para la obtención de petróleo y gas, así como planes de expansión de la capacidad de refinamiento y de desarrollo de suministros de gas a nivel nacional. Algunas de estas propuestas podrían justificarse por el hecho de que Estados Unidos amenaza con poner en peligro los vínculos comerciales con sus socios del TLCAN, lo cual podría afectar de forma negativa a la fiabilidad de los suministros de energía estadounidenses.

Sin embargo, el presidente electo debería darse cuenta de que sus intentos de volver a canalizar los recursos hacia la empresa nacional de petróleo podrían debilitar sus planes de restauración de las políticas sociales y de renta destinados a restablecer la distribución de la renta.

La reforma energética de 2013 puso en marcha una nueva inversión extranjera de 200.000 millones de dólares estadounidenses en México destinada para la nueva producción. En los mercados secundarios, 30 agentes privados tienen la intención de abrir más de 1700 gasolineras, lo que haría posible el desarrollo de un mercado minorista competitivo. Las reformas se han incorporado a la Constitución mexicana y están respaldadas por leyes de ejecución aprobadas por el Congreso.

En nuestra opinión, AMLO debería darse cuenta de que la reforma energética constituye un activo para el país y la clave para el desarrollo de fuerzas productivas que permitirán el restablecimiento de los niveles de producción de México.

Perspectivas económicas en México

En general, los últimos indicadores económicos han reflejado que la situación económica de México es estable. En junio, el Índice de Confianza del Consumidor alcanzó su máximo nivel en seis meses y llegó hasta los 88,0. Fue el undécimo aumento anual consecutivo. La alta confianza del consumidor, junto con un proceso de desinflación gradual, la estabilidad del mercado laboral y la disponibilidad de créditos, debería ayudar a mantener este año los altos niveles de consumo privado. La situación económica positiva nos indica que el resultado de las elecciones no se vio influenciado por el ciclo económico (el cual ha sido favorable), sino más bien por las exigencias relativas al control de la criminalidad y de la corrupción.

Si la nueva Administración cumple con sus promesas y conserva a su vez unos fundamentos económicos sólidos, nos mostramos optimistas con respecto al crecimiento del PIB en México este año y en 2019.

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¿Cuáles son los riesgos?

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